MÉRIDA, México, oct. 28, 2004.- En Yucatán, el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, dijo que podría revocarse de común acuerdo con el gobierno federal la decisión de enviar a los reos más peligrosos del país al penal de Puente Grande.

"Nos preocupa el bienestar de la propia comunidad, pero este es uno de esos casos en que a la hora en que trasladan a la ciudad de Guadalajara se generan momentos de tensión entre los propios jaliscienses", dijo.

Ramírez Acuña exhortó a las autoridades federales a tener en cuenta otros penales del país ya que hay asuntos sin resolver en el de Puente Grande.

"Yo creo que deben de tomarse otras consideraciones y valoraciones, cuando todavía no han sido capaces las autoridades federales de resolver lo del Chapo Guzmán, tanto su salida, como su rescate, y han enviado a gentes de alta peligrosidad", agregó.

Además de Mario Aburto, asesino del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el narcotraficante Rafael Caro Quintero, se encuentra Carlos Rosales Mendoza, quien pretendía liberar de La Palma a Osiel Cárdenas Guillén, líder del cartel del Golfo.

"Nos preocupa a los jaliscienses, y hemos estado hablando con las autoridades federales, creo que deberían de permanecer en La Palma y deben mantener las condiciones de seguridad", puntualizó.

El gobernador de Jalisco dijo que su estado es el que más aporta en el país en materia educativa. De su presupuesto de 36 mil millones de pesos el 52% es para la educación, por lo que la reforma al artículo 122 es un acto de justicia, señaló.

"No nos dejemos engañar, las reformas al artículo 122 no es ni asunto partidista ni asunto político, es un tema de justicia, estamos hablando de educación, pero en materia de salud el Gobierno del Distrito Federal no le aporta nada a la salud de los capitalinos", afirmó.

Ramírez Acuña asistió en Mérida al Foro de Análisis sobre Administración de Justicia que entre otros temas se analiza la procuración de justicia, seguridad pública y sistema penitenciario del país.