TIJUANA, México, nov. 12, 2004.-Toda una bomba política resultaron las grabaciones telefónicas clandestinas dadas a conocer, en donde personal administrativo de la campaña del candidato del PAN a la presidencia municipal de Tijuana, Jorge Ramos, busca que empresas de comunicación modifiquen facturas para presuntamente no rebasar los topes de campaña.

Ángeles Ibarra le habla a Luis García, encargado de la área administrativa del PAN, para explicarle el problema que enfrentan.

Esta es parte de la conversación textual:

Ángeles: Tenemos un problema, Gabriela Morgado
Luis: Ya sé, ya me imagino, se voló la barda
A: No, no. Si es seguro tu teléfono verdad
L: Si no te preocupes, me lo acaban de poner
A: Le pagó a medios efectivo
L: Uta madre
A: Entonces tratamos de hacer canje...

Ángeles Ibarra propone una solución, utilizar prestanombres que justifiquen un millón y medio de pesos pagados en efectivo.

Para la dirigencia municipal del PRI estas acciones denotan la comisión de delitos electorales durante la campaña de Jorge Ramos.

Para el PAN, no hay tal.

Carlos Barboza Castillo, presidente del PRI en Tijuana, pidió “que se deslinde ahí la investigación, porque a lo que escuche y lo que leído, hablan de financiamiento ahí no regular y tendrán que agotarse las instancias jurídicas correspondientes”.

El líder de Acción Nacional en Tijuana, Sócrates Bastida, llamó en presencia de los reporteros a Jorge Ramos, a quien pidió responderle a la prensa:

-¿No reconocen actos ilegales entonces?
“Claro que no... en tiempo y forma presentamos nuestra documentación ante el Instituto Estatal Electoral, de tal manera que no tenemos nada de que preocuparnos en ese sentido”, respondió el ex candidato.

Raúl Flores Adame, consejero honorario del Consejo Estatal Electoral, afirmó que de probarse que hubo financiamiento irregular, el PAN de Baja California podría perder su registro como partido político en la entidad.

“La ley contempla que queda prohibido por parte de terceros, contratar cualquier publicidad a favor o en contra de cualquier candidato, de demostrarse estas irregularidades el partido político que está acusado cometería una causa muy grave y tendría que investigarse”, dijo Flores Adame.

Por su parte, el presidente municipal electo Jorge Hank rechazó prácticas como el espionaje telefónico.

“A mi se me hace de mal gusto el hecho de estar ventilando cosas de partido, al que le corresponden checar es a la parte que en estos momentos tiene que revisar los presupuestos, tanto los míos como los de los otros tres partidos”, dijo el candidato priísta vencedor.

El Concejo Estatal Electoral inició ayer el la revisión de los gastos de campaña, un proceso que culminará hasta febrero del año entrante.

Sócrates Bastida adelantó que interpondrá una denuncia penal contra quien resulta responsable por el delito de espionaje telefónico.