Al presentar el informe "México: Mujeres indígenas e injusticia militar", la organización refirió que los casos han sido analizados por la jurisdicción militar, lo cual se ha traducido en que se ha "obstaculizado a las mujeres y las organizaciones a acceder a la justicia".

Mónica Costa, integrante del equipo de investigación para México de AI, señaló en rueda de prensa que paralelamente ha habido una "falta de sensibilidad" por parte de las autoridades civiles para atraer los casos y lograr que se castigue a los responsables y haya una reparación del daño para las mujeres.

"Amnistía Internacional pide la transferencia de los casos a la justicia civil debido a la falta de imparcialidad e independencia de la justicia militar" para castigar a los mismos miembros del ejército, señaló Costa.

El informe documenta los casos de seis indígenas en Guerrero violadas por militares: Delfina Flores y Aurelia Méndez, en 1997; Francisca Santos y Victoriana Vázquez, en 1999; y Valentina Rosendo e Inés Fernández, en 2002.

En la rueda de prensa también se recordó el caso de las hermanas Ana, Beatriz y Celia González, violadas por efectivos militares en 1994 en el estado de Chiapas.

Refirieron que en todos los caso se presentó una denuncia sin consecuencias para los agresores. La agresión contra las hermanas fue incluso llevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Todos los casos fueron atraídos por la justicia militar bajo el argumento de que los hechos habrían sido cometidos por miembros del Ejército en el ejercicio de sus funciones, refirió Aurora de la Riva, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, una organización no gubernamental mexicana.

"La violación sexual por parte de elementos del ejército constituye una tortura y por lo tanto debe ser investigado como una violación grave a los derechos humanos", dijo Costa.

Refirió que en las investigaciones realizadas por fiscales militares, y de las cuales tuvo conocimiento AI, se incurrió en irregularidades como visitas amenazadoras, exámenes médicos deficientes e incluso la pérdida de evidencias.

Costa dijo que es "imprescindible" que en las leyes mexicanas se establezca que la violación a derechos humanos cometidas por militares debe ser atraído por tribunales civiles.