Porque eso no puede pasar desapercibido y sin consecuencias, dijo.

"Al no reconocer su derecho constitucional para removerlo libremente en materia de seguridad, no puede haber dudas respecto de quien es la autoridad constitucionalmente responsable de la fuerza pública en el Distrito Federal y el hecho de desconocer esas facultades de carácter constitucional y a nivel federal, y el hecho de desconocer esas facultades de carácter constitucional, implicaba un repudio a la autoridad presidencial, situación injustificable, situación que no puede entenderse ni mucho menos tolerarse", aseguró el secretario de Gobernación.

Además advirtió:

"En los mandos administrativos de ambas policías, quienes tuvieron la oportunidad de tomar una decisión oportuna y no lo hicieron, también sujetos de una responsabilidad oficial".

Al preguntarle si la amistad del presidente Fox con Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública Federal influyó para evitar su remoción, Creel respondió:

"De ninguna manera... nadie está eximido de ninguna responsabilidad, que quede claro: las responsabilidades no son iguales, mientras que en la Policía Federal Preventiva quien tiene el mando directo de la policía es el comisionado, en el caso particular del Distrito federal quien tiene el mando directo de la Policía capitalina es el secretario de Seguridad Pública, por lo tanto en una decisión salomónica, en una decisión justa; el Presidente procedió a remover a ambos funcionarios, que son quienes tuvieron el mando operativo", aclaró el secretario de Gobernación.

Recordó que incluso los perredistas habían exigido la remoción de funcionarios y destacó que en la PFP se removió a ocho altos mandos y esperan que ocurra lo mismo en la Secretaría de Seguridad Pública, porque las acciones deben continuar.

"Hay un despliegue federal para localizar a quienes ya están plenamente identificados, que participaron azuzando, golpeando y haciendo los linchamientos, que buena parte de mexicanos y mexicanas tuvieron oportunidad de ver”, agregó.

Creel Miranda interpretó como una buena señal que el jefe de Gobierno capitalino no haya cuestionado la legalidad de la decisión del presidente Fox al destituir a Ebrard y lo convocó a iniciar una nueva etapa en su relación con el Ejecutivo Federal.

Ofreció que si 72 horas no resultan suficientes a López Obrador para presentar sus propuestas del nuevo secretario de Seguridad Pública capitalino, podría solicitar un plazo mayor.

Aunque consideró que es un plazo conveniente, prudencial, “no es porque este establecido en la ley”.

“Nuestra obligación es revisar con objetividad... de inmediato procederemos a revisarla, a evaluarla en sus términos, esperando que sea una propuesta aceptable, no tenemos por qué pensar de antemano que no lo va a ser...dejando atrás dimes y diretes, la politización del asunto que en nada ayuda a la seguridad pública", acotó.

Urgió a que el Congreso de la Unión aborde la iniciativas en materia de Seguridad Pública que envió el presidente Fox.