"Jurídicamente es imposible que tengamos antes de febrero un dictamen", comentó el diputado Horacio Duarte, presidente de la Sección Instructora, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El legislador explicó que la tardanza responde a que los miembros de la comisión legislativa se encuentran aún en la etapa de revisión de las pruebas presentadas tanto por el gobierno federal como por jefe de Gobierno, cuyo expediente es de aproximadamente 11.000 hojas.

De proceder el desafuero, el alcalde tendría que dejar su cargo y enfrentar un proceso penal en los tribunales por el delito de desacato a una orden judicial.

Si el proceso penal se alarga hasta el 2006, López Obrador estaría impedido de buscar una candidatura presidencial.

La Constitución establece que ningún ciudadano que esté sujeto a un proceso penal puede aspirar a algún cargo público.

La petición para iniciar el desafuero fue hecha en mayo pasado por la PGR, la cual argumentó que el alcalde no acató el fallo de un tribunal que le ordenaba detener la construcción de una vialidad en un terreno expropiado a un particular.