El diputado panista Julián Angulo, presidente de la Comisión de Gobernación, sostuvo desde tribuna que "la Seguridad Nacional mira más allá de la mera aplicación de las actividades de inteligencia o del ejercicio de funciones policiales y castrenses, va más allá, enfila hacia la consolidación de nuestro equilibrio democrático".

Con esta nueva disposición se regularán las actividades que realiza el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, (Cisen), que sólo podrá practicar intervenciones telefónicas mediante la autorización de un juez.

La diputada priísta Rebeca Godínez, presidenta de la Comisión Justicia, también en tribuna, explicó que se "regulan las actividades que realizará el Centro, para la producción de inteligencia, la integración y el mantenimiento del sistema de información y el control jurisdiccional sobre la intervención de comunicaciones en casos a la Seguridad Nacional".

La intervención de comunicaciones privadas sólo podrá realizarse en lo referente a la delincuencia organizada, y por los delitos de homicidio, robo de vehículos, asalto en carreteras, secuestro y tráfico de menores.

Está prohibida cuando se traten asuntos de materia fiscal, civil, administrativa, mercantil, electoral, laboral y de carácter penal.

Se definen como amenazas a la Seguridad Nacional actos de espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio o actos de interferencia extranjera en asuntos nacionales.

Así como aquellos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, que atenten en contra del personal diplomático, o tendientes a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas o convencionales de destrucción masiva.

Con esta nueva Ley se crea el Consejo de Seguridad Nacional, que estará presidido por el Ejecutivo Federal.

La Ley de Seguridad Nacional fue devuelta a los senadores con modificaciones, para su estudio y análisis.