Este domingo la organización conformada entre otros por los gobernadores Arturo Montiel, del Estado de México; Enrique Martínez, de Coahuila; Manuel Ángel Nuñez Soto, de Hidalgo; Natividad González Parás, de Nuevo León; Tomás Yarrington, de Tamaulipas, Eduardo Bours, de Sonora; el ex gobernador Miguel Alemán y el senador Enrique Jackson, pidió el establecimiento de al menos ocho principios que deberán permear en el grupo de trabajo ofrecido por Madrazo, para seleccionar a su candidato.

El primero de ellos, el principio de imparcialidad, señala que la integración del órgano encargado de conducir y vigilar la postulación del candidato a la presidencia de la República se hará de común acuerdo entre los aspirantes.

Para cubrir el segundo, el principio de elegibilidad, es necesario que ningún participante ocupe posiciones de decisión estatutaria en el proceso después del 4 de marzo de 2005.

En el principio de transparencia, se pide que el grupo de trabajo ponga a consideración de la Asamblea Nacional un calendario de fechas que defina los tiempos del proceso y precise los términos y plazos de elegibilidad.

El cuarto principio establece que cualquiera que sea el método de elección, deberá ser proporcional a fin de que la representación de las zonas geográficas del país corresponda a la proporción de ciudadanos empadronados, o con la votación que el PRI haya obtenido en la última elección federal.

En el principio de equidad, se delimitará el monto de recursos que cada aspirante podrá emplear, los mecanismos para que sean auditados, los tiempos y modalidades para las actividades proselitistas y el Código de Ética que deberán respetar.

Por lo que se auditarían el monto, origen y destino de los recursos de las campañas.

En el sexto principio, se deberá garantizar la libertad del elector, por lo que impide y sanciona severamente la manipulación de los votantes. El respeto a la militancia y a sus preferencias deberá asegurarse con las reglas de la emita la XIX Asamblea Nacional priísta.

El principio de legalidad subraya que los resolutivos determinados por la Asamblea Nacional serán obligatorios y tendrán el valor de documento básico de la legalidad del partido, que será registrado ante el IFE.

Y el último principio, el de civilidad, prohíbe en la contienda interna las campañas negativas y de descalificaciones personales.

Con estos principios, dicen los gobernadores, en unidad y junto a la militancia se garantizará equidad en la competencia a quienes aspiren a ser el candidato del PRI para el 2006.