WASHINGTON, Estados Unidos, dic. 17, 2004.- El embajador de México en Estados Unidos, Carlos de Icaza, urgió a la Casa Blanca y al Congreso a alcanzar una solución para la desprotección de derechos humanos que padecen millones de inmigrantes mexicanos en este país. "La opinión pública estadounidense debería estar preocupada por los derechos de estas personas como seres humanos" que contribuyen a la economía más pujante del mundo, dijo De Icaza en entrevista con el diario The Washington Times, publicada este viernes.
Debemos hallar, precisó el diplomático, "una forma constructiva de regular el control de la inmigración, un proceso que atienda los aspectos económicos, de seguridad y las necesidades políticas y sociales de ambos países".
De Icaza se reunió en privado la tarde del jueves con editores y reporteros del Washington Times, el segundo periódico de la capital estadounidense, de clara tendencia republicana.
Los millones de mexicanos que residen sin documentos migratorios apropiados en Estados Unidos, sostuvo, "contribuyen a la economía de Estados Unidos, trabajan duro día a día, pero viven en las sombras, completamente desprotegidos".
El presidente George W. Bush propuso en enero pasado un vago programa de permisos temporales para trabajadores indocumentados, pero el plan enfrenta oposición de fuerzas anti-inmigrantes en ambos partidos políticos.
De Icaza se mostró, empero, confiado de que pese a la oposición señalada, el ejecutivo pueda concretar algo en el futuro cercano.
"Si bien consideró que la migración es una responsabilidad compartida y México quiere ser par de la solución, como embajador soy respetuoso del hecho de que toca al Congreso y al Presidente, decidir cuál es la mejor manera de protegerlos", señaló el embajador.
Desde su reelección al cargo el pasado 2 de noviembre, Bush prometió a México que usará su capital político para impulsar en el Congreso su plan de trabajadores temporales.
Los defensores de los derechos de inmigrantes sostienen que el plan de Bush sólo serviría para que se registre a los inmigrantes indocumentados, quienes, tres años más tarde, deberán salir del país o enfrentar la deportación.
Los partidarios de una inmigración restringida argumentan que el visado de residencia temporal se convertirá en un primer paso hacia otra amnistía que permitiría la permanencia definitiva de los inmigrantes.
El establecimiento de una política migratoria "segura, digna y humana", es esencial para ambos gobiernos y destacó la disposición del gobierno del presidente Vicente Fox para atender el "doble reto" de migración y seguridad.
"Es el mayor problema que enfrentan nuestros países y no hay otra alternativa sino atenderla", concluyó De Icaza.