En conferencia de prensa, el secretario indicó que el gobierno federal esperará que en las próximas horas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defina si acepta o no este recurso del gobierno federal.

De ser así, continuará con sus objetivos, sino ahí acabará todo, porque no pretenden buscar una confrontación más con los diputados, sino que el conflicto se termine con los tribunales.

En su Controversia, el Ejecutivo reclama dos cosas: la presunta invasión de atribuciones por parte de la Cámara de Diputados hacia el Ejecutivo Federal, y por otra parte en lo que se refiere a la facultad del Presidente para hacer observaciones al Presupuesto.

De manera inmediata, lo que pide el Ejecutivo federal es que se suspendan alrededor de 50 partidas que ya fueron asignadas por los legisladores para ciertas áreas.

Explicó Santiago Creel que esto asciende aproximadamente al 40% del gasto no programable.

El objetivo es que estos recursos permanezcan congelados hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva a favor del Ejecutivo y en su caso, se descongelen los recursos para redistribuirlos en las áreas afectadas para el gobierno federal, como son los gastos en servicios migratorios, en seguridad social, seguridad nacional y seguridad pública.

El Poder Ejecutivo expresamente solicita que se suspendan las partidas en los siguientes rubros:

-Órdenes de adquisición para el Centro Cultural y Turístico de Tijuana, la biblioteca CCU de Jalisco, la adquisición de seguridad y equipo para el Museo Carlos Pellicer de Tabasco, los recurso para la Ciudad Inteligente de Nuevo León y la construcción de 31 tramos carreteros que no se contemplan en el Plan Carretero Nacional.