CIUDAD DE MÉXICO, México, dic. 23, 2004.- Los dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que admitieron la controversia constitucional del presidente Vicente Fox sobre el Presupuesto de Egresos para 2005 podrían ser sujetos de juicio político, advirtió el constitucionalista y consultor de la Cámara de Diputados, Ignacio Burgoa Orihuela. En conferencia de prensa, el abogado indicó que los ministros Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Garduño Pelayo resolvieron sin tener atribuciones para ello, pero además no representan a la Corte en este asunto, por lo que sus actos son nulos.
Burgoa Orihuela aseguró que ambos violaron la ley reglamentaria porque no representan a la SCJN y por lo tanto no fue la misma la que admitió la controversia ni la que determinó suspender partidas presupuestales.
Indicó que pese a la prisa con que se dio entrada a este recurso, el procedimiento podría terminar hasta que venza el año fiscal 2005 y entonces "el juicio será inútil, como lo es ahora".
El procedimiento, explicó, consiste en estudiar los argumentos de ambas partes, -del presidente la República y de la Cámara de Diputados- "es como un juicio y eso dura tres, cuatro, cinco, seis meses".
La tramitación de la controversia dura mucho tiempo y va a terminar a la mejor cuando se venza el plazo fiscal y entonces ya habrá otro presupuesto, subrayó.
Tras criticar la actuación de los ministros Aguirre y Gudiño, quienes, insistió, incurrieron en graves irresponsabilidades y violaciones a la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional, Burgoa Orihuela señaló que en cuanto lo convoquen se reunirá con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, a quien recomendará que conteste la controversia.
Es decir, explicó, la Cámara de Diputados no va a ejecutar su decreto de Presupuesto eso corresponde a las autoridades administrativas en cada ramo, en consecuencia la suspensión en algunas partidas es ajena a este órgano legislativo "es inocua para la Cámara y así se lo voy a decir a don Manlio".
Burgoa Orihuela aseguró que se contestará la controversia dentro del plazo de 30 días y luego se efectuará una audiencia, en la que comparecerán los gobernadores, porque vamos a pedir que se les cite por la Corte y una vez agotado el procedimiento varios meses después, habrá un fallo".
El abogado aclaró que no fue la Suprema Corte la que dio entrada a la controversia presentada por el presidente Vicente Fox, sino dos ministros integrantes de la Comisión de receso de este órgano jurisdiccional.
Dicha comisión, precisó, tiene el encargo de trabajar solamente en asuntos administrativos durante las vacaciones anuales.
El jurista, quien junto con Diego Valadés y Victor Carrancá asesorán al órgano legislativo, dijo que le sorprendió la actitud de los dos ministros, a quienes dijo "los he tratado y siempre los consideré como dignos de su cargo".
Agregó que si los ministros continúan interviniendo en el desarrollo del procedimiento de controversia, seguirán incurriendo en graves irresponsabilidades y violaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las controversias constitucionales y del Artículo 105 constitucional.