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CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 9, 2005.- El gobierno de México deberá aumentar su labor política y diplomática para hacer valer el derecho internacional, a fin de que Arizona restituya los derechos de los migrantes afectados con la entrada en vigor de la llamada Propuesta 200.

En un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que el titular de este organismo, José Luis Soberanes Fernández, criticó que con esta disposición se les nieguen los programas de asistencia pública a los connacionales indocumentados.

Por ello aseveró que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno mexicano debe expresar su mayor inconformidad por la Propuesta 200 no sólo ante autoridades estadounidenses, sino también ante organismos internacionales.

Esto, en virtud de que esa ley se sustenta en un espíritu discriminatorio contrario a los acuerdos y principios internacionales sobre el trato a migrantes, refirió el ombudsman.

Soberanes Fernández señaló que con la entrada en vigor de dicha ley, casi 300 mil mexicanos, así como migrantes de otros países que radican en Arizona, viven en situación de mayor temor y zozobra.

Aseveró que la Propuesta 200 convierte de facto a los servidores públicos del estado de Arizona en agentes de inmigración, tarea que antes únicamente les correspondía desempeñar a las autoridades federales de esa materia.

De acuerdo con la Propuesta 200, los empleados estatales de Arizona deben negar los servicios asistenciales a toda persona que no acredite su estancia legal, pues de no hacerlo pueden ser sancionados con multas de 750 dólares y penas hasta de cuatro meses de prisión.

En noviembre de 2004, 56 por ciento de los ciudadanos de Arizona votaron a favor de aplicar la Propuesta 200, con la que se niegan los servicios de los programas de asistencia social a quienes no demuestren un estatus migratorio legal, y obliga a los empleados públicos a denunciar a migrantes indocumentados.

Por esa razón, diversas organizaciones como la Fundación México-Americana para la Defensa Legal y la Educación, decidieron impugnar la resolución judicial que dio vigencia a la Propuesta 200.