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CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 12, 2005.-El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad el triunfo del candidato del PAN a la gubernatura de Tlaxcala, Héctor Israel Ortiz Ortiz.

Eloy Fuentes Cerda, presidente del Tribunal Electoral informó que “se confirma la declaración de validez de la elección de Gobernador del Estado de Tlaxcala y la entrega de la constancia de mayoría a Héctor Israel Ortiz".

El PRI y el Partido Verde impugnaron el triunfo de Héctor Ortiz en la elección celebrada el 14 de noviembre, argumentando presuntas irregularidades registradas durante el conteo de votos.

Con la resolución del Tribunal Electoral, que fue votada por unanimidad, el candidato Héctor Ortiz tomará posesión del cargo de gobernador de Tlaxcala el próximo 15 de enero.

También, durante la Sesión el Tribunal Electoral confirmó el triunfo del priísta Mario Marín como gobernador electo del estado de Puebla.

Desechó la impugnación que promovieron el PAN y PRD en su contra. Mario Marín tomará posesión de su cargo el próximo uno de febrero.

Sin embrago, el Tribunal modificó la composición del Congreso de Puebla al reasignar diputados de representación proporcional, quedando 7 para el PAN, 3 para el PRI, 2 al PRD y uno para los partidos Convergencia, Verde y del Trabajo.

El Tribunal ordenó al PRI que reconozca los derechos de cinco de sus militantes del Distrito Federal, quienes fueron suspendidos y expulsados por su participación en presuntos actos de violencia en la sede del PRI capitalino. Entre ellos está Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien aspiraba a la dirigencia del PRI del DF.

Desechó dos recursos interpuestos por el ex dirigente del PRI en el Estado de México, Isidro Pastor, en contra de instancias del PRI, por haberlo excluido del proceso de selección interna a la gubernatura de ese estado, “debido a que el actor no agotó las instancias partidistas previas”.

Los magistrados desecharon también dos recursos que interpuso el PRD en contra de la candidatura de José Guadarrama a la gubernatura de Hidalgo, al considerar que no se sustentó jurídicamente la impugnación.