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CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 17, 2005.- Más de un millón 500 mil familias mexicanas están afiliadas al Seguro Popular.
Debido a su condición social o laboral, 55 millones de mexicanos carecen de seguridad social. Para ellos va dirigido el seguro popular. Para quien no tiene IMSS, ISSSTE o alguna otras institución.
“Los profesionistas independientes, los comerciantes, las amas de casa... Es para los que en este país no han tenido la oportunidad de tener un seguro como IMSS, ISSSTE y PEMEX”, señaló Juan Antonio Fernández, comisionado nacional del Seguro Social.
El seguro popular opera en 30 estados del país, con excepción del Distrito Federal. Durango está por firmar el acuerdo.
El seguro popular es voluntario. Actualmente una persona acude a una clínica del Sector Salud y pide afiliarse. Hay periodos de inscripción cada 3 meses, especialmente en zonas marginadas e indígenas.
Se les otorga una credencial en la que aparece el nombre, el CURP y un chip que contiene el expediente clínico del paciente.
Después se da una carta de derechos y obligaciones y un catálogo de los servicios que cubre y los medicamentos a los que tiene acceso.
El seguro popular es gratis para las personas de escasos recursos. Quien gane por arriba de 3 salarios mínimos, paga una cuota anual de 640 pesos por asegurar a toda su familia.
Aunque la meta es que cubra la mayoría de las enfermedades, hoy en día el seguro popular no cubre problemas cardiovasculares, diagnóstico y tratamiento del cáncer, trasplantes, diálisis, enfermedades cerebro vasculares y lesiones graves.
El seguro popular no tiene hospitales propios, el asegurado se puede atender en estas clínicas de salud del estado, o estas clínicas de la federación o si hay convenio con el IMSS, en estas de PEMEX, de Marina o ONG.
Según el gobierno federal, existen más de 600 hospitales en obra negra, que podrían funcionar con los recursos del seguro popular.
Se descarta que el seguro popular genere una sobresaturación de los servicios de salud.... En este seguro, el gobierno federal, pone casi el 70% de los recursos, los gobiernos estatales más del 20 y el resto, las familias.