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CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 18, 2005.- Un centenar de familiares y abogados de los internos del penal de máxima seguridad de La Palma, efectuaron un plantón frente a la Cámara de Diputados en demanda de que se respeten las garantías individuales.

Desde temprana hora arribaron a las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro siete autobuses en los que se trasladaron los inconformes desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, mejor conocido como la Palma.

Por segundo año, pero ahora por otro motivo, familiares de internos como Osiel Cárdenas solicitaron la intervención de los legisladores para evitar que en ese centro penitenciario se viole la Constitución por "mantener incomunicados y con malos tratos a los procesados".

En 2003, esposas de conocidos capos de la droga se manifestaron frente a la Cámara de Diputados en protesta porque les fue cambiada la alimentación a sus cónyuges, acostumbrados a la comida del Norte del país.

En esa ocasión, los inconformes llegaron encabezados por abogados como Leonardo Oseguera y Guadalupe Avendaño, para solicitar la intervención de los legisladores de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Una de las inconformes, Claudia Martínez, dijo que los 530 internos del penal de La Palma se encuentran incomunicados desde el viernes pasado, ya que debido al operativo que se lleva al interior ni siquiera a los abogados les permiten el acceso.

Indicó que no hay nadie que les informe qué es lo que pasa y cuándo podrán entrar a ver a sus familiares, y se se habla de que hay algunos lesionados.

Ante esta situación, agregó que los internos están en huelga de hambre desde el lunes pasado, ya que no sólo es la incomunicación sino que les quitaron todas sus pertenencias y algunos andan descalzos.

Mencionó que en este penal se les vende a los internos artículos de aseo personal y algunos alimentos y refrescos, por lo que en su caso tiene que dar 600 pesos semanales a su esposo para que pueda adquirir los mismos.

Aseguró que los pocos artículos que tenían los internos en sus celadas, y que estaban autorizados por la propia dirección del penal, les fueron retirados, incluida la ropa invernal.

Sobre el particular, el abogado Leonardo Oseguera aclaró que no se oponen a que se lleven a cabo operativos de seguridad, pero no pueden estar de acuerdo en que se violen las garantías individuales de los internos al tenerlos incomunicados.

Por ello, dijo que acudieron a San Lázaro para plantear que los legisladores intervengan para que termine de inmediato esta situación y se les deje ver a sus defensores jurídicos.

A su vez, la abogada Guadalupe Avendaño comentó que la directora del penal de La Palma, María Guadalupe Jaime Quiroz, prometió a los defensores de los internos que les permitiría el acceso, pero es la fecha que no cumple lo que ofreció.