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CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 20, 2005.- El gobierno de la República responderá con toda la fuerza y los recursos del Estado contra el crimen organizado, frente al asesinato de seis empleados del Centro Federal de Readaptación Social de Matamoros, Tamaulipas.

La Presidencia de la República dio a conocer lo anterior luego de una reunión extraordinaria del gabinete de Seguridad Nacional, y subrayó que el gobierno del presidente Vicente Fox no permitirá que los grupos delictivos pretendan socavar las instituciones.

En un comunicado, afirmó que el gobierno de Fox garantiza a los ciudadanos que contra el crimen organizado no habrá contemplaciones y que se castigará toda aquella acción que atente contra el Estado mexicano y el bienestar de la población.

"Los mexicanos deben tener la certeza de que en esta guerra contra el crimen organizado, que habremos de ganar con el concurso de todos, el gobierno federal no se detendrá y seguirá demostrando su firmeza y unidad", señaló en el texto.

Reconoció que es claro que los homicidios cometidos en Tamaulipas constituyen un intento de desafío al Estado mexicano, como reacción a la contundencia con que el gobierno federal ha atacado los intereses del crimen organizado, principalmente el narcotráfico.

Aclaró que en esta lucha contra la delincuencia, el gobierno federal no tendrá más límite que el que la Constitución le marca, y convocó a todos los actores políticos, económicos, sociales y a los ciudadanos en lo particular, a respaldar las acciones del Ejecutivo.

La reunión extraordinaria del gabinete de Seguridad Nacional fue convocada por el mandatario de la República, tras conocerse los asesinatos de seis empleados del Centro Federal de Readaptación Social de Matamoros, así como otros hechos relacionados con actividades del narcotráfico.

Fox Quesada lamentó -de acuerdo con el comunicado-, la muerte de Isidro del Valle Pérez, Adolfo Zapata Cerda, Juan Carlos Tinajero Rivera, Marco Antonio Vargas Ávalos, Francisco Zavala Orozco y Guadalupe Medrano Rodríguez.

Del mismo modo, garantizó a los deudos de los empleados asesinados todo el apoyo y la seguridad de que las instancias federales colaborarán con la autoridad local para esclarecer los homicidios y castigar a los responsables.

El Gobierno de la República, garante de las libertades y la seguridad de los mexicanos, no permitirá que los grupos delictivos pretendan socavar las instituciones, puntualizó.

Ante la gravedad de los hechos, el mandatario ordenó al gabinete de Seguridad Nacional utilizar coordinadamente todos los recursos que la ley le confiere para combatir de manera frontal y decidida a los grupos delictivos, que pretenden alterar la paz social y vulnerar la seguridad del Estado.

De la misma manera, y con pleno respeto a su autonomía, el gobierno de la República conminó a los poderes Legislativo y Judicial para que, dentro de sus competencias, se sumen a los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia.

Destacó, en este caso, la necesaria aprobación de la propuesta de reformas en materia de seguridad y justicia penal, enviada en mayo pasado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, la cual permitirá adecuar el marco legal para enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia.