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TLALNEPANTLA, México, ene. 21, 2005.- El procurador General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alfonso Navarrete Prida, consideró que la ejecución del abogado Leonardo Oceguera Jiménez, defensor de narcotraficantes internos en el penal de La Palma, está relacionada con el narcotráfico.

"No es casualidad que ésta se dé al mismo tiempo que la de seis empleados del penal de máxima seguridad de Matamoros", dijo el procurador en conferencia de prensa.

"Por eso es el momento de que las instituciones caminemos juntas y digamos no a la impunidad y demos un combate frontal a la delincuencia que, como se veía venir, está respondiendo a las acciones del Estado contra el narcotráfico y el crimen organizado".

El procurador mexiquense confirmó que el abogado asesinado era defensor de Benjamín Arellano Félix, Osiel Cárdenas y un sujeto apodado "el Texas", quien comandaba una banda de delincuentes que recibía el mismo sobrenombre.

Navarrete Prida explicó que a Leonardo Oceguera recibió cuatro balazos y que la necropsia de ley confirmó que era adicto a la cocaína y la marihuana.

El procurador comentó que una mujer de nombre Martha, que vivía con el ahora occiso, confirmó que tenían una casa en la avenida Independencia en Toluca, donde también tiene su domicilio la esposa de Benjamín Arellano Félix y familiares de otros internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Almoloya.

Navarrete Prida aseguró que también en Metepec, Almoloya y Zinacantepec hay muchos familiares de internos del penal de La Palma, y por eso la Procuraduría mexiquense le ha pedido al gobierno federal que aumente la vigilancia en esas zonas.

En cuanto al caso de Enrique Salinas de Gortari, Navarrete Prida dijo que la policía municipal de Huixquilucan sí alteró la escena del crimen.

Agregó que aunque ya declararon siete elementos de esa corporación, incluido su director, el comandante Rodolfo Ocampo, no hay indicios concretos que lleven a solicitar una orden de aprehensión.

El procurador mexiquense refirió que tampoco hay pruebas contundentes que lleven a acusar de estar involucrados en el crimen a integrantes de la Agencia Federal de Investigación.