CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 15, 2005.-El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalará la suspensión de partidas del gasto 2005 por más de 4 mil 195 millones de pesos, ordenada por la Comisión de Receso del máximo tribunal en la controversia del presidente Vicente Fox por el Presupuesto.

Después de cinco sesiones de discusión sobre este tema, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia estableció con claridad que la admisión de la controversia, la suspensión de partidas reasignadas por los diputados y el aval a esta suspensión, no significan que la Corte dé la razón al presidente al resolver el fondo del litigio.

"Aunque el interés del Ejecutivo no es la defensa de dinero que no es suyo, sino la defensa de principios constitucionales por los que considera que no debe hacer estas obras porque se ha invadido su esfera de atribuciones, pudiera ser que al final del día no le demos la razón", aclaró el ministro Ortiz Mayagoitia.

Hizo una propuesta que en principio contaría con el apoyo mayoritario de los integrantes del pleno.

Se trata de avalar el congelamiento de partidas, pero condicionarlo a que el Ejecutivo Federal resguarde el dinero que dejó de entregar y lo invierta en cetes para aplicarlo en favor del ganador al darse el fallo final de la controversia.

"El depósito de las cantidades líquidas que se señalan en algunas de las partidas presupuestales suspendidas, invertidas en valores de gobierno productivos, concretamente cetes, a disposición de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser entregados al poder o entidad que corresponda de acuerdo con el resultado definitivo de la controversia", aseguró el ministro.

Si está condición no se cumpliera por el Ejecutivo, el congelamiento de partidas del gasto podría ser revocado.

"En caso de que no se cumpla con lo anterior en el plazo de 15 días, el ministro instructor podrá declarar que la suspensión deja de producir sus efectos total o parcialmente según corresponda; debe confirmarse la suspensión en los términos en que fue concedida, pero que añadan estos requisitos para que la misma sea efectiva", explicó Ortiz Mayagoitia.

El consejero jurídico de la Presidencia, Daniel Cabeza de Vaca, reaccionó así a la propuesta:

"Hay que partir del supuesto de que al Ejecutivo le interesa que resuelva cuanto antes, no que no se gasten los recursos, el Ejecutivo lo que busca es una situación de vigencia anual por lo que debemos de buscar que se resuelva lo más pronto posible", declaró Cabeza de Vaca.

Esta propuesta será votada el próximo jueves en sesión pública del pleno de la Corte.