CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 17, 2005. Los representantes de las seis Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que descubrieron las irregularidades en que incurrió el Comité Provida, con un donativo de 30 millones de pesos, exigen a las autoridades concluir la investigación del caso.

"Por eso estamos aquí, para una vez más reclamar, que nos digan que ha pasado, sin han llevado a cabo acciones, cuáles han sido, cuáles son los resultados, quienes son los responsables, cómo se van a sancionar, todo esto seguimos sin saber”, declaró María Vallarta miembro de la organización no gubernamental ‘Equidad y Género’.

Hace dos años, seis organizaciones civiles, se dieron a la tarea de documentar la asignación de 30 millones del Presupuesto Público Federal a la organización privada Comité Nacional Provida.

Con esa investigación, denunciaron que Jorge Serrano Limón, representante legal de Provida, desvío parte de ese dinero que el gobierno federal le otorgó en el 2003, a la construcción de 12 centros de atención a la mujer y la compra de artículos suntuarios. A pesar de que el dinero era para apoyo a programas de la lucha contra el SIDA.

“Queremos que Serrano Limón y cualquier autoridad involucrada, incluido Luis Pazos, quien asignó irregularmente los recursos, sean sancionados como corresponde, administrativamente o penalmente y eso le toca dilucidarlo a las autoridades”, declaró Dafne Cuevas, miembro del ‘Consorcio para el Diálogo Parlamentario’.

”Falta cerrar el ciclo, si la transparencia, si el acceso a la información, pero estamos todavía en un proceso de impunidad para sancionar a los responsables”, aseguró Martha Juárez, representante de ONG.