En un desplegado dirigido a los diputados federales y a la opinión pública, 58 personalidades mexicanas señalaron que "sería una imprudencia, que podría acarrear consecuencias serias, el desafuero y la probable inhabilitación del jefe de gobierno del Distrito Federal".

"No es en tribunales, sino en las urnas, donde deben ganarse limpiamente las contiendas políticas", añadieron los intelectuales, entre quienes destacan Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y el pintor José Luis Cuevas.

Llamaron a los diputados federales a "guiarse en este espinoso asunto, únicamente por su conciencia y su responsabilidad histórica con la República. Está en juego la legitimidad de las elecciones de 2006".

Refirieron que existe la percepción de que en los últimos años se ha aplicado la ley de manera selectiva según sea conveniente.

El caso del alcalde, añadieron, suscita suspicacias entre diversos sectores, que advierten un propósito interesado de hacer a un lado a un adversario político.

Recordaron que los comicios presidenciales del 2000 pusieron término al régimen de 71 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e inauguraron la alternancia, mientras que las elecciones del 2006 servirán para poner a prueba "nuestra incipiente democracia".

El proceso de desafuero comenzó en mayo del 2004 en una comisión legislativa a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el argumento de que el alcalde no acató el fallo de un juez que le ordenaba detener la construcción de una calle en un predio expropiado a un particular.

El viernes pasado concluyó el plazo para presentar pruebas en la comisión legislativa, la cual sin embargo no tiene plazo para emitir un dictamen.

López Obrador ha acusado al presidente Vicente Fox y funcionarios de su gobierno de estar detrás del proceso de desafuero en un intento de impedirle la eventual búsqueda de una candidatura presidencial.

El gobierno federal siempre ha rechazado las acusaciones del alcalde.

Las leyes establecen que ningún ciudadano que enfrente un proceso penal puede ser candidato a un puesto de representación popular, aunque el alcalde ha dicho que buscaría un amparo para mantener sus derechos políticos.