Los miembros del "Comité 68 Pro Libertades Democráticas", exigieron que la matanza del 10 de junio de 1971, también conocida como 'El Halconazo', sea aclarada y se cumplan las órdenes de aprehensión en contra de los responsables.

Félix Hernández Gamundi, del Comité del 68 dijo que “un posible incumplimiento de la Suprema Corte de Justicia sería terriblemente catastrófico, porque dejaría a la nación en condición de indefensión, al enviar señales de que en México, la regla de la justicia es la impunidad de los poderosos”.

Para el Comité 68, la Suprema Corte tiene las armas legales suficientes para resolver en favor de la no prescripción de estos delitos, ya que México ha firmado diferentes tratados internacionales en los que se establece la obligación de las naciones para perseguir y castigar los delitos de genocidio y de lesa humanidad.

“Por mandato de nuestro constituyente permanente, los tratados internacionales forman parte integral de nuestra ley fundamental la Constitución Política, y por lo tanto están por encima de las leyes secundarias, como el Código Penal Federal", explicó Félix Fernández.