El juez Sexto "A" de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Reclusorio Oriente, Alejandro Caballero Vértiz, estimó que la PGR no acreditó la probable responsabilidad del empresario en este delito, relacionado con el ejercicio fiscal de 2000, por un monto de tres millones 206 mil 400 pesos.

Así, el juez devolvió el expediente al Ministerio Público de la Federación para que subsane las deficiencias jurídicas por el presunto delito, que fue denunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de acuerdo con el plazo perentorio haga una nueva solicitud de orden de aprehensión.

Esta solicitud fue presentada el pasado lunes por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR, y en las últimas horas Caballero Vértiz consideró que no había elementos suficientes para proceder en su contra.

Por otra parte, funcionarios de esta Unidad Especializada indicaron que iniciarán una revisión del contenido del expediente, a fin de reelaborar o precisar esta acusación por defraudación fiscal, cometido durante el periodo de junio a octubre de 2000.

Asimismo, consideraron que la consignación por este ilícito, que por tratarse de un delito grave no concede el beneficio de la libertad bajo fianza, con la que se requirió la orden de aprehensión, estaba debidamente fundamentada.