CIUDAD DE MÉXICO, México, feb, 23, 2005.- La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) celebró este miércoles el fallo de la Suprema Corte que le redujo en un 90% el pago de la indemnización por los terrenos de la familia Flores Millán, y anunció el pago adelantado de 30 millones de pesos. La dependencia informó en un comunicado que respeta las resoluciones de la Suprema Corte y valora el criterio de los ministros que redujeron la indemnización de 1,214 millones de pesos a 199 millones de pesos, lo que a su parecer, “refleja la objetividad e imparcialidad en las decisiones de nuestro máximo tribunal”.
Informó que este mismo día presentó al Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el pago por 30 millones de pesos, con lo que suman 90 millones, considerando los 60 millones ya depositados en 2003 y 2004, al pago de dichos terrenos.
“Por tal motivo, sólo restarían por liquidar 109 millones que se cubrirán en anualidades hasta el 2009, atendiendo los criterios resueltos por la propia Corte”, aclara la misiva.
Sobre las versiones periodísticas, de que el gobierno federal hizo un gran negocio con la expropiación de estos predios, la SRA precisó que la expropiación obedeció al interés público de regularizar los asentamientos humanos que invadieron el predio.
“En 1984, la SRA expropió a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) esta superficie que, después de haberse regularizado, reportó un ingreso al erario federal de tan sólo 594 mil 879 pesos, de los cuales quedan como saldo favorable tan sólo 160 mil pesos”.
“La Secretaría de la Reforma Agraria rechaza tajantemente las imputaciones hechas por el senador Diego Fernández de Cevallos, quien ha señalado que servidores públicos de la SRA son los responsables de la sustracción del dictamen pericial
“Debe considerarse que, entre otros argumentos jurídicos, la defensa de la SRA ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se basó en la ilegalidad del dictamen pericial, ya que adolecía de múltiples irregularidades, como la ubicación de la superficie materia del avalúo en la Guía Roji, en lugar de haber realizado un levantamiento topográfico.
“Asimismo, el avalúo se emitió tomando en cuenta valores actuales con la infraestructura existente en el predio, y no considerando que los predios estaban invadidos con asentamientos humanos irregulares cuando se materializó la expropiación, entre otros.
“En consecuencia, es falso que la SRA pudiera verse beneficiada con la desaparición del documento, como se pretende hacer creer a la opinión pública.
“Incluso, la Reforma Agraria ha solicitado al Ministro Presidente que se determine si efectivamente fue sustraído del expediente el dictamen pericial, y, en su caso, se dé vista al Ministerio Público Federal para deslindar las responsabilidades correspondientes.