CIUDAD DE MÉXICO, México, Feb. 24, 2005.-El gobierno del Distrito Federal calificó como una franca provocación el que directivos y empleados de la empresa Equipamientos Urbanos de México (Eumex) hayan pretendido instalar uno de los llamados "mupis" en Paseo de la Reforma.

Alejandro Encinas, secretario de Gobierno del DF, comentó que “no aceptamos este tipo de provocaciones, vamos a actuar de manera responsable y esta empresa, independientemente del influyentismo de ciertos personajes que los están apoyando, de la relación que está tratando de inducir el gobierno federal para tensar la relación con el gobierno del Distrito Federal, nosotros en apego estricto a derecho, no vamos a permitir que se instale mobiliario de ninguna especie en esta zona".

Destacó que hubo violación a normas de seguridad especiales que se tienen en ese sitio, por la cercanía de la Embajada de Estados Unidos.

En conferencia de prensa conjunta, el procurador capitalino, Bernardo Bátiz dijo que se estudia la posible consignación de los dos funcionarios de Eumex que fueron detenidos y liberados por la madrugada con las reservas de ley.

"Estuvieron en área abierta, detenidos, mientras se iniciaban las diligencias de la averiguación previa, se les concedió la libertad sujetos a la averiguación previa, y seguramente este jueves determinara el Ministerio Público si se consignan o no", informó el procurador.

El oficial mayor del Gobierno del DF, Octavio Romero, rechazó que con la negativa para que Eumex continúe con su actividad pretendan beneficiar a Servicios Urbanos del Centro, empresa similar que ya ha colocado su propio equipamiento urbano.

"Hay una pequeña diferencia entre esta empresa y EUMEX, mientras EUMEX está pagando el equivalente a 3 mil 500, cuatro mil pesos por mueble urbano, la otra empresa esta entregando a la Tesorería de la ciudad 17 mil pesos", dijo el Oficial Mayor.

Destacó que Eumex no ha cumplido con el pago de impuestos, aunque no pudo precisar el monto de los adeudos.

En la conferencia estuvieron presentes también el secretario de Seguridad Publica, la Consejera Jurídica y el director de Patrimonio Inmobiliario del gobierno capitalino.