La titular de la Fiscalía Especial, María López Urbina, informó ante diputados que, “estamos empezando con los trabajos de recabar los documentos, que serían los sustentos documentales como lo son el acta de nacimiento, las actas de defunción, que nos van a permitir acreditar el parentesco del familiar."

Precisó que también se realiza un estudio socio económico de los familiares de las víctimas para determinar la cantidad de dinero que se les va a asignar.

Al reunirse con la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, la fiscal López Urbina rindió cuenta de sus actividades en el último año, y de los resultados de la investigación de los crímenes cometidos desde 1993 a la fecha.

Señaló que de las 349 víctimas, 230 casos ya fueron turnados al juez competente, y en algunos ya hubo sentencias condenatorias. Subrayó que derivado de las investigaciones también se ha fincado responsabilidad penal a funcionarios públicos del estado de Chihuahua.

"Son nueve consignaciones en contra de dos Jefes de Averiguaciones Previas, tres agentes del Ministerio Público del fuero común, un perito y tres policías, de los cuales en esta semana se dio a conocer en los principales medios de comunicación dos órdenes de aprehensión giradas en contra de la ex fiscal Suli Ponce y de un coordinador de Homicidios del Grupo Zeus", indicó la fiscal López Urbina.

A otros trece servidores más les ha sido señalada su responsabilidad administrativa. La fiscal recordó que aún están pendientes por resolver 119 feminicidios.