Haga clic aquí para ver el sitio especial de Juan Pablo II
SINALOA, México, mar. 4, 2005.- Los 37 nombres divulgados en un cartelón donde se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por el narcotraficante Joaquín "El Chapo " Guzmán Loera y sus operadores, no cuentan con órdenes de aprehensión en el fuero común o federal en el estado, a excepción del líder del cartel de Sinaloa.
Lo anterior lo dio a conocer Arturo Águilas Ochoa, subprocurador general de Justicia del Estado de Sinaloa (PGJES).
“Orden de aprehensión no existe contra ninguno, aparece que uno de ellos tiene una orden de aprehensión girada por una autoridad federal, y se trata de Joaquín Guzmán Loera”, aseguró el funcionario estatal.
Rafael Contreras Labra, delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en aquella entidad, opinó respecto a la situación jurídica de “El Chapo” y sus operadores:
“El sistema único de mandamientos judiciales... en ninguno arroja un dato positivo por tratarse de personajes de la delincuencia organizada, no se excluye que en esa Procuraduría se tenga antecedentes”, dijo.
Para el caso de la Procuraduría de Sinaloa, hay 12 de los probables delincuentes colocados en el cartelón, involucrados en alrededor de 80 averiguaciones previas en proceso, en expedientes desde 1976 y hasta el año 2004, en delitos que van desde el robo, rapto, homicidio, entre otros.
Sin embrago, el subprocurador de la Procuraduría estatal, Arturo Águilas Ochoa, explicó que “doce personas que aparecen en ese listado coinciden los nombres con averiguaciones previas de personas que se involucró en denuncias presentadas en la Procuraduría...desde robos, raptos, asaltos, fraudes, abusos de confianza”.
Hay la presunción de que grupos rivales del cartel de Sinaloa, elaboraron y colocaron los cartelones; las fotografías corresponden a eventos íntimos del grupo criminal.
El delegado de la PGR, Rafael Contreras Labra, afirmó que “desconocemos hasta que grado se llevan las luchas internas, esa información será de mucha utilidad a la autoridad”.
La Procuraduría de Sinaloa y la PGR comparten la información delincuencial de los nombres y personas ubicadas como operadores de Joaquín Guzmán, realizan estudios detallados de los expedientes y los motivos por los que no están resueltos.