Han pasado, dijeron, 14 meses de la entrada en vigor del nuevo marco jurídico para el desarrollo social y ni el reglamento de la Ley General de Desarrollo Social ni el Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil han sido publicadas.

Estos reglamentos, explicaron, son necesarios para clarificar el financiamiento público de las agrupaciones u organizaciones que realizan asistencia social u actividades filantrópicas.

También aprobaron un punto de acuerdo en el que piden una puntual realización de las auditorías de gestión, existencia y legalidad en el marco del nuevo programa de capitalización y compra de cartera de los bancos.

Además, le pidieron al IPAB que una vez concluidas estas auditorías se informe al Senado de los resultados.