El documento dice textualmente que:

Todo funcionario público jura cumplir y hacer cumplir la ley.

Las instituciones no propiciaron la situación actual del jefe de gobierno.

A las instituciones les corresponde el cumplimiento irrestricto de la ley.

El boletín explica en 10 puntos el origen, naturaleza y alcances del caso conocido como "El Encino".

El texto señala que toda autoridad conoce que no cumplir un mandato de suspensión, es causa de acción penal.

En el caso "El Encino", continua el boletín, el juez determinó violada la suspensión definitiva, que quedó debidamente verificada.

La averiguación previa se inició 4 años antes del proceso electoral del 2006; el desafuero del Jefe de Gobierno no tiene por objeto privarle de ningún derecho y/o inhabilitarlo, como se ha especulado, puntualiza el documento.

La PGR actúa en todos los casos por igual y seguirá ejerciendo su autonomía frente al Poder Ejecutivo, señala el boletín.

El comunicado concluye diciendo que la PGR será respetuosa de la determinación que tome la Cámara de Diputados, y en su caso acatará la resolución final del Poder Judicial de la Federación.