Será aplicable en todo el país a los mayores de 12 años cumplidos y menores de 18 que cometan un delito.

El propósito es readaptarlos con medidas correctivas de protección y vigilancia, cuando sus conductas ataquen los bienes protegidos por las leyes.

Los menores de 12 años que cometan un delito sólo estarán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

Mayores de 12 años y menores de 14 serán sujetos a medidas de orientación, protección y tratamiento.

Únicamente los mayores de 14 años y menores de 18 podrán ser privados de la libertad, cuando comentan un delito grave y por el tiempo más breve posible que proceda.

“Quizá la solución más simple es reducir la edad penal, pero soy un convencido que ésta no es la mejor, no son los adolescentes adultos chiquitos, a los que se les pueda tratar con normas del derecho penal”, aseguró el senador priísta César Camacho.

David Jiménez, quien abstuvo su voto, advirtió el riesgo que se corre al dejar sin sanción y sin privación de la libertad a los adolescentes que cometan delitos graves.

“Que el crimen organizado tome en consideración estas circunstancias legales para pode fomentar, incrementar esta actividad de conductas ilícitas por parte de estos sujetos que como aquí bien se dijo, han sido considerados como imputables”, expresó Diego Fernández de Cevallos.

La minuta aprobada por 82 votos a favor y 2 abstenciones fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis.

De ser ratificada, entraría en vigor a los tres meses de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Además los Estados y el Distrito Federal tendrían seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto para crear las leyes que le den viabilidad al decreto.