En entrevista con Carlos Loret de Mola, para Primero Noticias, Romero Ramos explicó que al tratarse de un apoyo económico, el presidente del comité nacional de Provida, en este caso Jorge Serrano Limón, estaba obligado –de acuerdo a la normatividad aplicable y el convenio mismo que firma- a presentar sus comprobantes de la aplicación de los recursos.

“Es muy importante descartar que no se trata de un donativo, sino de un apoyo”, aclaró el secretario de la Función Pública.

Aclaró que el dinero que se le había otorgado en el 2002 a Serrano Limón, tampoco lo tenía que devolver, porque se trataba de un apoyo que el gobierno federal le brindó a esta organización, con un fin de beneficencia pública, pero había que llevar un control de lo que se gastaba.

“Va etiquetado a un proyecto concreto, en donde dice exactamente en qué debe invertir qué cantidades”, precisó.

“Era equipo para equipar una serie de centros de ayuda para la mujer en diversas partes de la República Mexicana, equipos de detección de embarazos, de ultrasonidos, en fin, había una serie de conceptos desglosados a los que tenía que aplicar”, agregó Romero Ramos.

El funcionario comentó que cuando la dependencia a su cargo inició a principios del año pasado una auditoría a Provida, se llegó a la conclusión de que una serie de comprobantes no fueron lo suficientemente presentados, por lo que se le citó a Serrano Limón para que hiciera las aclaraciones pertinentes.