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CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 20, 2005.- La situación de Andrés Manuel López Obrador presenta indefiniciones jurídicas, consideró el procurador capitalino Bernardo Bátiz.

“Lo prudente en mi opinión sería tanto para la Procuraduría como para la Asamblea y la Cámara, pues esperar la resolución de la Suprema Corte de justicia, ya tiene ambos asuntos en sus manos, es importante que sea el tribunal de derecho el que haga el análisis, que haga el estudio y que resuelva en consecuencia", dijo.

Respecto a si al regresar a ocupar su cargo el próximo lunes, López Obrador estaría o no incurriendo en usurpación de funciones, Bátiz se negó a dar su opinión.

"Eso es lo que se está mencionado, pero yo lo voy a respetar, respecto del gobierno de la ciudad y respecto del jefe de gobierno, el procurador no es el abogado, ni del gobierno de la ciudad, ni del jefe de gobierno, la ciudad tiene la consejería jurídica, él tiene sus abogados, yo sólo soy su amigo", señaló Bátiz.

Dijo que la indefinición jurídica que por ahora vive López Obrador tiene su origen en que la resolución de la Cámara de Diputados del pasado siete de abril, es confusa.

"Que proviene tanto del acuerdo de la Cámara de Diputados, constituida en el tribunal que determinó en su misma resolución, por un lado, que sí se pierde el fuero y el puesto, y por otra parte, de la misma resolución, que solamente se le priva del desafuero, y luego por las dos controversias constitucionales interpuestas, en donde una de ellas va en contra de la determinación de la Asamblea", agregó.