Visita el sitio de Benedicto XVI

CIUDADDE MÉXICO, México, abr. 25, 2005.- Álvaro Arceo Corcuera, asesor legal del desaforado jefe del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, descartó que éste haya incurrido en el delito de usurpación de funciones con su regreso al cargo.

Sin embargo, dijo que para prevenir cualquier acusación penal en su contra, anunció que se abstendrá de firmar documento alguno en su calidad de Ejecutivo local.

En declaraciones a la prensa, luego de la conferencia matutina de López Obrador, el abogado explicó que para que proceda una acusación de usurpación de funciones deben concurrir dos factores.

El primero es que el inculpado funja como funcionario público, en este caso que López Obrador se conduzca como jefe de Gobierno, y el segundo es que firme documentos.

Por lo anterior, la recomendación al titular del Ejecutivo local tras su retorno es que se niegue a signar cualquier papel.

En cuanto a la acusación penal contra el mandatario capitalino, por su presunta comisión del delito de desacato a una orden judicial, señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) podría consignar nuevamente el expediente este martes.

Otra de sus alternativas es esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva las controversias constitucionales, sobre si son procedentes o no el desafuero y la destitución de López Obrador.

Si hace lo primero y el juez libra orden de aprehensión contra el gobernante, éste se presentará voluntariamente para ser encarcelado, a fin de evitar su detención por la policía.

Arceo Corcuera declaró al equipo de abogados de López Obrador en "sesión permanente", con objeto de reaccionar de inmediato ante cualquier escenario posible.