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CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 26, 2005.- El fiscal de movimientos sociales y políticos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, criticó este martes a los jueces que han negado órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables de desapariciones forzadas durante la llamada guerra sucia de los años 70.
También cuestionó al juez que permitió que el ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, abandonara la prisión para enfrentar su juicio desde su domicilio.
"Se le otorgó el beneficio a quien el Estado mexicano en la rama ejecutiva y a través del Ministerio Público Federal considera probable responsable de atrocidades de lesa humanidad... Se necesita no tener vergüenza para no mirar el fondo gravísimo de este asunto”, dijo Ignacio Carrillo Prieto, fiscal de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
El fiscal especial también criticó a la PGR y a la Agencia Federal de Investigación por no haber detenido hasta la fecha a Luis de la Barreda Moreno, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, quien cuenta con 5 órdenes de aprehensión en su contra por presuntos crímenes del pasado, desde diciembre del 2003.
"No se están cumplimentando las órdenes y tengo inferencia de que hay conflictos de intereses, en la procuraduría, conflictos de intereses... Se pone a prueba la voluntad política para llegar a este resultado, exigimos el cumplimiento de las 7 órdenes restantes”, subrayó Carrillo.
Carrillo Prieto informó que ya es inminente la consignación en contra de ex funcionarios públicos por los hechos ocurridos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
Además, dio a conocer que próximamente propondrán al Poder Legislativo que se apruebe un fondo inicial de 200 millones de pesos para indemnizar a familiares de los 500 desaparecidos y detenidos ilegalmente de los que se tiene conocimiento en las investigaciones de la guerra sucia.