En un comunicado de prensa, la PGR informó que el agente del Ministerio Público Federal que analizó el caso, envió al subprocurador de delitos federales la consulta de no ejercicio de la acción penal.

Argumentó que aunque el delito de violación a la suspensión de amparo sí se cometió y aunque existen elementos para presumir la responsabilidad de López Obrador en el desacato, no se puede ejercitar acción penal en su contra, toda vez que el Código Penal Federal no establece una penalidad exactamente aplicable al caso.

Una vez que se notifique formalmente esta determinación ministerial a todas las partes, los afectados contarán con un plazo de 15 días, para, en caso de estimarlo conveniente, presentar sus alegatos.

El subprocurador de Delitos Federales, Carlos Aguilar Suárez, quien analizaría los alegatos en caso de que sean presentados, será quien determine finalmente si la PGR ejercita o no la acción penal en contra de López Obrador.