Rubén Aguilar, vocero de la Presidencia, señaló que "una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica el derecho constitucional al veto al Presupuesto y regresa a la Cámara de Diputados la discusión sobre las observaciones, la Presidencia de la República respetará de manera absoluta la decisión que pueda tomar la Cámara de Diputados".

Pero, se llamó al diálogo tras conocer las posturas de las bancadas del PRI y el PRD, que rechazaron analizar las observaciones presidenciales.

"Esperamos la apertura del poder legislativo para esta discusión, son tiempos que necesitamos acuerdos, consensos para impulsar el desarrollo del país, pero en último término, la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, respetará acatará la decisión del Poder Legislativo", dijo.

En un segundo tema de la conferencia mañanera.

Presidencia se deslindó de la disculpa pública que ofreció la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi, a quien se pudiera sentir ofendido por las declaraciones del presidente Fox sobre los negros y los mexicanos en Estados Unidos.

"Es un comentario de carácter personal de la subsecretaria, el caso para nosotros está resuelto", dijo el subsecretario.

Aguilar aseguró que la reunión este mismo día del presidente Fox con el reverendo Jesse Jacksón, es un asunto de estrategia conjunta contra la discriminación.

"Plantearon la posibilidad de un trabajo unido, de estrategias comunes para defender o trabajar en la mejora de las condiciones de las comunidades afroamericanas y mexicanas en los Estados Unidos", agregó.

También, el vocero Aguilar reconoció que hubo confusión en el área de prensa de Presidencia, ayer cuando se negó inicialmente que el embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza visitó la Residencia oficial de Los Pinos y después se aclaró que si había estado en el lugar, pero para reunirse con Ramón Muñoz, encargado de la Oficina de Innovación Gubernamental y no con el presidente Fox.

“Hubo una confusión de nuestra parte”, reconoció.

Finalmente Aguilar dijo que Presidencia respeta el gasto de campaña de 350 millones de pesos que autorizó el PAN a sus precandidatos presidenciales para la contienda interna; esto, dijo, revela la necesidad de que se regulen las precampañas en la ley electoral.