La ministra Olga Sánchez Cordero admitió esta controversia y ante eso la Cámara de Diputados y la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron recursos de reclamación que prosperaron en el máximo tribunal.

La mayoría de los ministros consideró que nunca se debió admitir la demanda ya que es notoriamente improcedente.

El presidente de la Corte, Mariano Azuela, presentó sus argumentos sobre la controversia:

"Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables... el juicio de procedencia del jefe de Gobierno del DF procede ante la Cámara de Diputados, así de sencillo y como está es la letra expresa de la Constitución, sin entrar a ningún otro análisis, llegó a la conclusión que es una causa manifiesta y notoria de improcedencia", dijo.

Los ministros confirmaron que el artículo 111 Constitucional establece de manera categórica que la Cámara de Diputados tiene facultades para determinar la procedencia de una acusación penal en contra del jefe de Gobierno capitalino, mientras que la Asamblea Legislativa argumentó que los diputados federales habían invadido atribuciones de los diputados locales.

Según la Asamblea Legislativa, eran ellos los facultados para conocer del juicio de procedencia contra López Obrador.

Aunque no entraron al fondo, los ministros definen con esta resolución que la Cámara de Diputados decidió dentro de la esfera de sus facultades el desafuero de López Obrador.

La determinación de los ministros no tiene alcances penales, ya que la PGR ha declarado el no ejercicio de la acción penal contra el jefe de Gobierno por el caso "El encino".

Ahora sólo queda viva la demanda de Controversia Constitucional presentada por la Cámara de Diputados en contra de la ALDF, por el tema del desafuero.