CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo 21, 2005.- El secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas informó que apelarán la decisión del juez de Distrito que otorgó una suspensión de traslado a un penal de alta seguridad a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín "El chapo" Guzmán. El funcionario dijo confiar en que el máximo órgano de justicia judicial resuelva esta situación y determine cuáles son los criterios para otorgar este beneficio a una persona de alto perfil criminológico.
Indicó que es responsabilidad de los jueces velar por el cumplimiento de la ley, pero precisó que sus determinaciones deben también garantizar la gobernabilidad en los centros penitenciarios y atender esta preocupación social.
Encinas Rodríguez señaló que las autoridades judiciales deben tomar en cuenta que el manejo de la situación penitenciaria es un aspecto de riesgo, principalmente en lo que se refiere a delincuentes como Guzmán Salazar.
En este sentido, confió en que los jueces y las autoridades federales en materia de administración e impartición de justicia, así como de seguridad pública, ayuden a resolver el caso del hijo de "El chapo" Guzmán y del resto de los delincuentes que se encuentran en penales locales.
Sobre la creación de una Fuerza Federal Penitenciaria que anunció el Gobierno federal, consideró que antes se debe iniciar la ocupación de cárceles que ya están concluidas y que por falta de infraestructura no han iniciado operaciones.
Se refirió en específico a tres penales, uno que se encuentra en Sonora, otro en Sinaloa, uno más en Tabasco, y otros dos que no mencionó su ubicación, cuya obra, dijo, está concluida pero sus instalaciones están ociosas.
Esos sitios, precisó, deben utilizarse para internar a los delincuentes de alta peligrosidad y tener un mayor control sobre ellos, además de despresurizar los problemas que se viven en los penales locales.
Comentó que el Distrito Federal cuenta con fuerzas especiales dedicadas a la vigilancia y custodia de los centros penitenciarios como el denominado "Tiburón".
Por otro lado, el secretario de gobierno del Distrito Federal confió en que se ratifique el no ejercicio de la acción penal contra Andrés Manuel López Obrador por el caso del predio de El Encino, y con ello se cierre este asunto.
Asimismo, rechazó los comentarios del dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo, quien habló sobre una supuesta componenda política entre los gobiernos federal y capitalino.
Subrayó que existen bases jurídicas para acreditar que no se cometió ningún delito y aclaró que las autoridades capitalinas mantienen una relación institucional y transparente con el gobierno federal, y estrictamente en el ámbito de sus atribuciones.
Finalmente confió en que el jefe de Gobierno del Distrito Federal recupere su fuero constitucional.