El objetivo es proteger los derechos y prerrogativas de los ciudadanos que enfrentan un proceso penal.

Se propone reformar la fracción II del artículo 38 de la Constitución para que no se suspendan los derechos hasta en tanto no exista una sentencia condenatoria.

También se propone reformar seis artículos de la Ley de Amparo y derogar cuatro que se refieren a las penas que se impondrán a los jueces y funcionarios encargados de administrar justicia por diversas conductas violatorias, especificadas en cada caso particular.

Por último se propone derogar la fracción V del artículo 247 del Código Penal Federal para evitar confusiones, toda vez que establece la misma conducta delictiva que ahora existe en el artículo 204 de la Ley de Amparo, uno de los que se propone reformar.

En las 2 iniciativas se establecen artículos transitorios para beneficiar a las personas que en el momento de la entrada en vigor de estos decretos, se les haya dictado auto de formal prisión y que hubiesen obtenido su libertad provisional bajo caución.

Esto a fin de que recuperen el goce de los derechos y prerrogativas que les hubiesen sido suspendidos.