Al presentar aquí su "Informe 2005. El estado de los derechos humanos en el mundo", la organización no gubernamental recordó en su capítulo de México, que más de 400 mujeres han sido asesinadas en los últimos años en esa ciudad del norteño estado mexicano de Chihuahua.

El informe presentado por el director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, apuntó que en 2004 se denunciaron 18 asesinatos, de los que en cuatro de ellos se encontró violencia sexual.

Ante esa situación instó a llevar a cabo una reforma del sistema de justicia penal estatal que permita abordar las deficiencias en las investigaciones.

Indicó que tras revisar más de 150 expedientes sobre mujeres muertas Ciudad Juárez, se conoció que unos 100 funcionarios estatales que participaron de las indagaciones "podrían haber incurrido en responsabilidad por negligencia".

En el informe se mencionó el caso de Víctor Javier García Uribe, condenado a 50 años de prisión por la muerte de ocho mujeres en Ciudad Juárez, pese a que según las pruebas confesó bajo tortura.

Al hacer un balance sobre la situación general de México, AI consideró que durante el periodo analizado "persistieron las violaciones a los derechos humanos en particular en el ámbito de los estados".

Amnistía Internacional denunció la falta de imparcialidad de la judicatura y de las Procuradurías de justicia de los estados, que tuvo como resultado "procesamientos maliciosos y procedimientos judiciales injustos".

"Las autoridades no combatieron estas prácticas de manera efectiva ni garantizaron que las víctimas obtuviesen reparación judicial", subrayó la organización que tiene su sede en Londres.

Sobre las agresiones a la libertad de expresión, AI destacó que "por lo menos tres periodistas fueron asesinados, aparentemente como venganza por investigar las actividades de traficantes de drogas y sus vínculos con empresas y autoridades locales".

En cuanto a los defensores de los derechos humanos en México, remarcó que el año pasado "continuaron siendo blanco de amenazas, intimidación y campañas de difamación".

"Las autoridades estatales no impidieron ni investigaron este tipo de incidentes, y en dos estados donde las comisiones estatales denunciaron estas violaciones, sus presidentes fueron acosados por autoridades y destituidos", precisó el informe.