La Cámara de Diputados aprobó con 330 votos a favor, 131 en contra y dos abstenciones reformas a la Ley Federal de Derechos, previamente avalada por el Senado, para establecer un nuevo régimen fiscal a Pemex y sus organismos subsidiarios, en particular para Pemex Exploración y Producción (PEP).

"La finalidad es contar con una empresa financieramente sana que pueda efectuar las inversiones que requiere para una explotación racional y eficiente de los hidrocarburos y contribuir (...) al desarrollo de la federación, los estados y los municipios", cita el dictamen adoptado.

Analistas consultados indicaron que la compañía enfrenta actualmente una pesada carga fiscal que le quita casi la totalidad de sus beneficios (el 60 por ciento de sus ingresos), tiene una infraestructura decrépita y una enorme burocracia.

Con las modificaciones aprobadas hoy Pemex fortalecerá su competitividad y mejorará su situación financiera aunque ello represente para el Gobierno un menor ingreso anual de 25 mil millones de pesos (unos 2 mil 272 millones de dólares), que Pemex dejará de pagar en impuestos al Estado.

En la reforma también se establece que el Fondo de Estabilización (que amortigua cualquier desplome de precios) antes sufragado con excedentes petroleros, ahora se financie a través de un porcentaje sobre ventas, mientras que otra cantidad sobre éstas se destinará a para proyectos especiales.

Además el Congreso cada año y a propuesta de la Secretaría de Energía fijará límites máximos de extracción y de exportación de hidrocarburos.

Otro cambio afecta a los porcentajes que Pemex paga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que serán reducidos paulatinamente entre 2006 y 2010 para reducir la presión fiscal sobre la empresa.

Con este nuevo régimen Pemex podrá incrementar sus inversiones en exploración, mantenimiento no capitalizable, desarrollo y explotación de yacimientos.

Al fundamentar el dictamen el presidente de la comisión de Energía, Francisco Salazar, negó las versiones de algunos gobernadores estatales que temen perder ingresos por este nuevo régimen.

En este país la inversión en el sector petrolero corre a cargo del Estado tras la nacionalización de este recurso.

En medios políticos los partidos de izquierda y centroizquierda se oponen a cualquier apertura de la empresa al capital privado bajo el argumento de que los recursos naturales estratégicos deben ser controlados por el Gobierno.

México no construye refinerías desde 1976 a pesar de sus planes de modernizar las seis que posee, una decisión que los expertos atribuyen a presiones políticas estadounidenses.