CIUDAD DE MÉXICO, México, Jul. 5, 2005.-El CEN del PRI se deslindó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Federal Electoral (IFE) de los gastos y acciones que han efectuado los cinco aspirantes del Tucom a la candidatura presidencial. En sendos oficios enviados a los organismos electorales, los encargados de la fiscalización, rendición de cuentas y transparencia de las precampañas del PRI, aclararon que su partido no tiene nada que ver con las acciones que desarrollan los integrantes de Unidad Democrática.
Precisaron que los ciudadanos que a titulo personal promueven su imagen como aspirantes o candidatos a la Presidencia de la República, no cuentan con autorización alguna del partido para llevar a cabo dichas promociones ni para recibir o aplicar recursos, en dinero o en especie.
"El PRI como partido político nacional con representación ante el IFE, no acepta ni consciente como propias las actividades que algunos destacados ciudadanos identificados como militantes de nuestro instituto político vienen realizando", subrayó.
En el oficio, firmado por Mariano Palacios Alcocer, Rafael Ortiz e Ivan Jaimes, precisaron a la autoridad que el PRI no asume las actividades de esos militantes como actos del partido, ni tampoco que sean financiadas, auspiciadas, alentadas o promovidas como actos oficiales de esta organización política.
Insistieron en que el partido se deslinda de toda responsabilidad de las actividades que se efectúen antes de la fecha en que se emita la convocatoria correspondiente para que los militantes se promuevan como aspirantes, precandidatos o candidatos presidenciales.
En el documento precisaron que el PRI asumirá únicamente su responsabilidad como partido garante, sobre las actividades que despleguen aquellos ciudadanos vinculados al partido a partir de la emisión de la convocatoria nacional.
Por ello, solicitaron a las autoridades que registren dicho documento en los archivos del IFE y del Tribunal Electoral a fin de que no se le atribuyan al partido consecuencias legales por la probable infracción a una disposición legal en la materia.