CIUDAD DE MÉXICO, México, jul. 11, 2005.-El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, consideró que la PGR debe ofrecer, cuando menos, una disculpa pública a Joaquín Romero Aparicio, quien fue detenido al ser confundido con el narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes. Expresó que existen condiciones jurídicas para reparar el presunto daño moral provocado al arquitecto Romero Aparicio, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) retuvo varios días hasta que se confirmó que no era Vicente Carrillo.
Manifestó que debe analizarse la magnitud de la afectación en los distintos órdenes de la vida de Romero Aparicio para demandar la reparación del daño, e insistió en que existen mecanismos jurídicos para ello.
Tras aclarar, sin embargo, que un "usted disculpe" no es suficiente, expuso que la PGR debe garantizar la certeza de las investigaciones y de las actuaciones judiciales para evitar que casos como ese se repitan.
Entrevistado en el marco de la inauguración del Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos, opinó que los errores en que la PGR incurrió, envían mensajes que despiertan dudas de su actuación entre la gente, en lugar de contribuir a generar confianza.
Descartó que se viva un clima de inseguridad jurídica, pero advirtió que la PGR debe realizar sus investigaciones judiciales de manera que cuando haga una detención actúe sobre seguro y apegada a derecho.
José Francisco Gallardo, al opinar de ese caso, señaló que la PGR debe profesionalizar a sus policías, con criterios de carácter jurídico, para que su actuación esté apegada a la ley.
Aseguró también que debe establecerse la figura de reparación del daño para que los errores no vuelvan a repetirse, pues en México cualquier persona puede estar expuesta a una situación similar.