PUEBLA, México, jul. 21, 2005.- Fueron liberados los 30 policías estatales que estuvieron privados de su libertad, luego del conflicto suscitado entre pobladores de Azumbilla de Vicente Guerrero y comunidades de la Montaña, en la Sierra Negra de Puebla, cuando los uniformados realizaban operativos contra la tala clandestina.
"Más que todo se asustaron mucho mis niños y yo también me asuste, las piedras, la ‘balasiza’; estuvo muy feo”, aseguró Fidencia Gracia, quien fue testigo de los hechos.
Cuatro policías resultaron heridos, dos con arma de fuego y los demás con objetos punzocortantes. Cuatro patrullas y dos camionetas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fueron prácticamente destrozadas.
La principal inconformidad de los habitantes, señalaron, ha sido que han gestionado la regularización de sus tierras y permisos para el corte de la madera.
El comisariado ejidal en San Bernardino Lagunas, comentó que “nos dan atole con el dedo, porque no nos cumplen lo que nos prometen... en la Ley Forestal dice muy claro que hasta que la Secretaría ataque a la tala clandestina, debe de dar fuentes de trabajo primero”.
Trascendió que desde hace 10 días las autoridades de la Semarnat montaron un cerco en la zona, el cual impedía el tránsito de camiones cargados de madera.
"La Policía hace abusos de autoridad, gente humilde, hasta al mismo policía municipal el día domingo le pegaron, lo lincharon allá, le hicieron lo que quisieron, allí en Azumbilla, donde estaba la revisión... a las mujeres les quitaban su rollito de leña”, declaró José Alberto Rodríguez, otro testigo inconforme.
Por la noche, funcionarios del gobierno del estado comenzaron a dialogar con los inconformes, en el municipio de Tehuacán, para llegar a un acuerdo y permitir que los policías que aún permanecían retenidos, fueran liberados.
Francisco Castillo Monteyor, titular de la Semarnat de Puebla, aseguró que “todos los abusos se van a investigar, el secretario de Gobernación ya dio instrucciones, para que si hay algún abuso por parte de cualquier autoridad, se califique y sea sancionado; la recomendación que hizo el gobernador, que nos ha hecho a todos, es que en este tipo de operativos no se actué ni con prepotencia, ni con arbitrariedad, si no siempre respetando los derechos de todos los ciudadanos, si alguien no se apego a esto, tendrá que recibir una sanción”.
El compromiso inmediato de los campesinos fue liberar a los policías, entregar 14 armas R-15, 8 berettas y tres revolver de los policías, y reforestar los bosques, a cambio de que el Gobierno les proporcione programas y proyectos de empleo temporal.
“Ocho años que nos detuvieron 68 títulos de propiedad, que no nos han dado de alta, por lo mismo un grupo comunal puede ser que nos están afectando y eso , nuestros cheques están para abajo y nuestra familia con qué la vamos a mantener”, afirmó Santos Flores, inspector de Las Praderas.