A través de un comunicado, la PGR informó que el propósito de esta designación es contribuir a la protección de la libertad de expresión y al derecho que tiene la sociedad de ser “plena y verazmente informada”.

Según el comunicado, el acuerdo dispone que sean las propias delegaciones de la institución las que asuman la coordinación jurídica de las investigaciones de los delitos cometidos contra los profesionales de la comunicación en el ejercicio de su trabajo.

“Con estas acciones, la institución reconoce y promueve decididamente el derecho de la sociedad a ser informada, y actúa con firmeza en el ámbito de su competencia para proteger una de las actividades profesionales fundamentales para la consolidación del estado de derecho”, concluyó el boletín de la PGR.