En el acuerdo, se ordena a los delegados de los 31 estados y el Distrito Federal a que designen agentes del Ministerio Público de la Federación para que se aboquen a la investigación y persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales y extranjeros.

Los agentes seleccionados deberán ser los de mayor jerarquía o experiencia.

El acuerdo establece que la PGR tomará conocimiento de las agresiones a periodistas cuando se trate de delitos del fuero federal y también del fuero común cuando se ejerza la facultad de atracción por alguna conexión con delitos federales.

El documento especifica las normas que deberán seguir los agentes del Ministerio Público Federal y los elementos de la AFI para que en todo momento sea respetado el derecho de los periodistas a reservar sus fuentes de información cuando sean citados a declarar como testigos durante la integración de las averiguaciones previas.

En este año, tres casos de agresiones a periodistas han causado indignación en la opinión pública.

El 5 de abril, Guadalupe García Escamilla, reportera de "Radiorama", murió a consecuencia del ataque que sufrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a manos de un grupo de sicarios.

Tres días después, el 8 de abril, Raúl Gibb, director del periódico La Opinión, de Poza Rica, Veracruz, fue ejecutado.

Y el periodista Alfredo Jiménez Mota, continúa desaparecido desde el 2 de abril, cuando fue secuestrado en Hermosillo Sonora. Se presume que estos atentados se realizaron en represalia por las investigaciones de esos periodistas sobre el narcotráfico.