“La generación de residuos peligrosos de México estaría en un orden de 8 millones de toneladas por año, sin embargo, la Secretaría a mi cargo tiene el control, la certificación de sólo 4 millones de toneladas, esto quiere decir que el 50% de lo que podríamos considerar residuos peligrosos no están bajo control de la autoridad federal", aseguro Luege Tamargo.

El funcionario alertó que esta delicada situación se agrava si se considera que ilegalmente, otros países trasladan a México desechos peligrosos.

"Nosotros establecemos en orden de aproximación, la importación de 3.7 millones toneladas por año de sustancias peligrosas y aproximadamente 600 toneladas al año de importación de residuos peligrosos sólo para su reciclaje, recordemos que la ley prohíbe la importación de sustancias para su tratamiento o para su confinamiento", comentó el secretario.

También reconoció que están fuera de control 25 millones de pilas o baterías de níquel, cadmio y mercurio que se arrojan a la basura al año, pues no hay sistemas de reciclamiento o confinamiento para este tipo de desechos.

“La mayor parte de esta basura electrónica termina en los tiraderos a cielo abierto en los rellenos sanitarios, generando un riesgo muy alto a la salud de las personas y de los ecosistemas", agregó el titular de la Semarnat.

Otro grave problema que enfrenta México y que está obligado a extinguir por haber firmado el convenio de Estocolmo, es el uso de plaguicidas y pesticidas en el campo y en la industria alimenticia.

El secretario del Medio Ambiente reveló que la Secretaría de Salud ha detectado el uso y fabricación de sustancias químicas muy peligrosas para la salud, tales como el DDT, el aldrín, el diendrín, los exa clorobencenos y los escareles.

Aclaró que estas sustancias están prohibidas desde los años 70 y aún se siguen usando.

REVISARÁ SEMARNAT POZO DE CHIAPAS

El secretario del Medio Ambiente, José Luis Luege, anunció que revisará a fondo los argumentos del gobierno de Chiapas, con los cuales decidió clausurar de forma unilateral el pozo petrolero “Malva 201”, al alertar de grave riesgo para la población.

“Si el gobierno del estado me insiste en que hay riesgo a la vida de las personas, nosotros debemos ser prudentes en cuanto a hacer una revisión más a fondo. Ante un inminente riesgo no puedo hablar de ilegalidad ni de abuso hasta no tener más elementos”, agregó Luege Tamargo.

Expuso que él no tiene ninguna duda de que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la única autorizada para clausurar un pozo petrolero, sin embargo, aceptó que un gobierno puede actuar mediante su área de Protección Civil cuando considera que hay riesgo para la vida de las personas.

“Si un gobierno estatal actúa ante un riesgo inminente para prevenir el daño a la vida de las personas, yo digo que está bien su actuación. Ha habido accidentes graves que han ocasionado la muerte de las personas y no podemos nosotros ni criticar ni condenar una actuación estatal, cuando se está argumentando riesgos extremos”, señaló.

Indicó que en el transcurso de este miércoles, el procurador federal del Medio Ambiente, Ignacio Loyola, le hará entrega de un diagnóstico más preciso de lo que ocurre en las zonas aledañas al pozo petrolero, y hasta que no revise a profundidad ese reporte, la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) dará su veredicto sobre la clausura del pozo aplicada por el gobierno de Chiapas.