“Se puede hacer, se debiera hacer, se debe hacer”, mencionó Saxby Chambliss, senador republicano por Georgia.

A iniciativa de Chambliss, la Cámara Alta aprobó mayoritariamente antes de su receso el acta de apropiaciones para operaciones extranjeras, que establece que si un país rehúsa entregar a sospechosos criminales a la justicia estadounidense, no recibirá asistencia financiera de Estados Unidos.

Una enmienda similar del congresista Nathan Deal de Georgia fue aprobada por la Cámara baja.

“México tiene algunas barreras únicas que le dificultan la extradición de delincuentes peligrosos. Creo que son cuestiones con las que están lidiando. Creo que su intención de trabajar con Estados Unidos es muy en serio” señaló Alberto González, procurador general de Justicia de Estados Unidos.

En su última visita a México, el procurador Gonzáles pidió al presidente Vicente Fox y la PGR promover que se reforme la decisión de la Suprema Corte de Justicia mexicana, de octubre del 2001, que declara anticonstitucional la extradición de mexicanos a otro país, si pueden ser ejecutados.

“Reconocemos que tenemos que respetar las leyes de otros países y su soberanía, pero la extradición ha sido un medio muy importante. La hemos empleado con Colombia, la hemos empleado con otras naciones como medio para sacar a quienes pueden ser peligrosos” agregó Tom Tancredo, congresista republicano por Colorado.

Los legisladores argumentan que a diferencia de Colombia, México se convierte en santuario de criminales por la poca cooperación oficial para extraditar a los hermanos Benjamín y Francisco Arellano Felix, Rafael y Miguel Caro Quintero, Osiel Cárdenas Guillen, los hermanos Amezcua, el ex gobernador Mario Villanueva y otros criminales peligrosos.

México recibe unos 67 millones de dólares anuales en diversos programas que podrían ser congelados a menos que el Presidente Bush vetara esta ley.