CIUDAD DE MÉXICO, ago. 12, 2005.- El gobierno de México señaló que las declaraciones del gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, no corresponden al espíritu de cooperación y entendimiento que requiere la atención a problemas de interés común en la frontera. En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores reiteraron su compromiso con el combate al crimen organizado y destacaron que algunas de las apreciaciones sobre el tema por las autoridades de Nuevo México, resultan de generalizaciones que en nada ayudan.
En el documento, de seis puntos, indicaron que la violencia y la criminalidad fronteriza son fenómenos complejos, que se generan en ambos lados de la línea, y que son atendidos tanto por las autoridades mexicanas como por las estadunidenses guiadas por el principio de responsabilidad compartida desde sus territorios.
Ambas dependencias destacaron que el gobierno mexicano tiene como objetivo indeclinable hacer de la frontera con Estados Unidos una zona de prosperidad y seguridad en beneficio de las comunidades que en ella habitan y de ambos países.
"Es importante manifestar que el gobierno de México ha venido trabajando de manera consistente a lo largo de toda la frontera, junto con los gobiernos de las entidades federativas fronterizas, en la atención de diversos problemas vinculados con actividades criminales", señalaron.
En el comunicado se puntualiza que la SRE envió este viernes una carta al gobernador de la entidad estadunidense Bill Richardson en la que se expresan los puntos antes mencionados.
Subrayó que a través de los gobiernos federales y estatales se atienden diversos problemas relacionados con las actividades violentas y criminales.
Asimismo la dependencia informó que ha instruido a los cónsules de México en Albuquerque y El Paso, para entrevistarse con las autoridades del gobierno estatal de Nuevo México.
Indicó que el propósito de esa reunión será promover acciones pertinentes por parte de las autoridades de ambas naciones, en el marco de los mecanismos institucionales existentes para el mejoramiento de las relaciones bilaterales.
Estos actos de violencia y criminalidad se generan incluso en ambos lados de la frontera y por ello son atendidos en su propio territorio por parte de las autoridades en atención a la cooperación nacional que mantienen los gobiernos, motivados por el principio de responsabilidad compartida.