En su plenaria, previa a la 25 Reunión de la Conago, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales determinó presentar un documento a los gobernadores para crear una comisión de estudios que analice los posibles perjuicios que la ley pudiera llevar a las finanzas estatales.

En dicho encuentro, en el que se espera la asistencia de 14 mandatarios y la presencia del titular de la Segob, Carlos Abascal, se habrá de aprobar un punto de acuerdo para pedirle al presidente Vicente Fox que no publique las reformas al régimen fiscal de Pemex.

Se estimó que la nueva Ley de Derechos de Pemex afectaría el próximo año a los estados y a la administración federal con una disminución de seis mil millones de pesos que actualmente les llegan.

El gobernador de Colima, Silverio Cavazos, expuso que lo que hasta hoy se conoce de la reforma podría significar la parte de consenso que beneficia a los estados, sin embargo no tiene pormenores de la forma en que se podría afectar la participación de recursos a las entidades.

Los secretarios de finanzas reunidos señalaron que también es necesario definir la forma en que Pemex deberá transparentar el uso de sus recursos, pues por lo menos en este año con el régimen actual tendría para su operación y modernización 120 mil millones de pesos.

Además, aseveraron que la Cámara de Diputados no respetó un acuerdo previo a la aprobación de esta ley desde el año pasado, en el sentido de que durante siete años los estados habrían de recibir la misma proporción de recursos, sin embargo este plazo se redujo a cuatro años.

Humberto Suárez López, coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y secretario de Finanzas del gobierno de Michoacán, se refirió a otro de los acuerdos a los que debe volver el Congreso de la Unión.

Mencionó que en ese acuerdo debía fijarse un tope en el costo de producción y extracción del petróleo, así como un cambio en el régimen corporativo que administre a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El costo tope se eliminó por completo de la ley aprobada en el periodo extraordinario de junio pasado y no hay explicación técnica alguna de la razón por la que se modificaron los acuerdos, explicó.

El gobernador de Colima reconoció que el próximo 31 de agosto es el límite constitucional para que el Ejecutivo promulgue dicha ley sobre el nuevo régimen fiscal de Pemex.

Cavazos estimó que de aprobarse este punto de acuerdo en la Conago este viernes, en 10 días más el análisis y dictamen del grupo de trabajo del gobierno federal y las administraciones estatales estaría listo.

El documento que avala este acuerdo, que deberá ser aprobado por los mandatarios estatales, será presentado por el gobernador de Chihuahua, Jose Reyes Baeza, y los mandatarios harán las observaciones correspondientes.

De esta manera, se busca que haya una salida consensada a través de una cuerdo político en el que todos, tanto Pemex como el gobierno federal y las entidades federativas, resulten beneficiados, anotó.

Cavazos explicó que de no lograrse el acuerdo sobre el estudio de los impactos presupuestales, que tendría esta ley antes de 10 días a partir de hoy, la viabilidad de estas reformas se nulificaría, y propuso que en caso de ser necesario la Conago celebraría una reunión extraordinaria.

Dicha ley no es una solución integral a los problemas de Pemex ya que se estaría entregando dinero a la paraestatal, cuyos destinos se desconocen, pero lo más importante es que se reducirían las participaciones federales a los estados y permanecería sin solución los problemas pendientes de las entidades.

Por su parte, el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, advirtió que la etapa de la transición entre el actual y el pasado régimen fiscal debe darse en un término no mayor de cuatro años.

El mandatario estatal aclaró que no se oponen al fortalecimiento de las finanzas de la paraestatal, ya que es un imperativo y una necesidad.

Reyes Baeza precisó que pedirán una audiencia con el presidente Fox Quesada para hacerle tal planteamiento y se tome en cuenta la posición de los gobernadores.

En la reunión de los secretarios de Finanzas de los estados, se acordó que las reformas al régimen puedan ser revisadas para que las finanzas de los estados no se vean tan afectadas.