Tras advertir que a dichos funcionarios se les aplicarán los códigos de responsabilidades administrativas, electorales y penales vigentes, Encinas presentó un acuerdo y las reglas básicas a las que deberán someterse frente a los procesos de selección de candidatos de los partidos políticos y las próximas elecciones.

En ambos documentos, la administración local reconoce el derecho de los servidores públicos a comulgar con alguna ideología o militar en el partido político de su preferencia.

“Los beneficios sociales establecidos en las leyes o en los programas de gobierno no se condicionarán en ningún momento a la afiliación o simpatía por algún partido, a la inclinación por un candidato o a la emisión de un voto a favor del partido o candidato alguno”, señaló Encinas.

No obstante, por la naturaleza de sus funciones les recuerda en 22 puntos las limitaciones estipuladas en la ley, entre ellas la prohibición de usar recursos públicos para apoyar a su partido o candidato o ser funcionarios u observadores electorales.