Los diputados investigan lo publicado por la revista Proceso en sus números 1470 y 1471 en donde se presume que el presidente Vicente Fox y su esposa, utilizaron como prestanombres a los empresarios Cosme Mares y Rubén Hernández Hass para comprar las 265 hectáreas de esa bahía.

Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria, dio al terminar la reunión, el fallo que tiene de este asunto la Secretaria que preside.

“Ninguna irregularidad porque en ningún momento el Presidente de la República ha tenido interés económico en esa zona, jamás nos ha dado indicación para que se pudieran favorecer sus hipotéticos intereses de él y creo que acabo de demostrar que estamos actuando con transparencia”, dijo el titular de la SRA.

Se le preguntó si se ha presentado pruebas que acrediten las presuntas irregularidades denunciadas.

“No se ha dado ninguna prueba, hay argumentos, hay planteamientos, hay quienes han hecho sus opiniones que son respetables pero pruebas no hay ninguna”, agregó el secretario.

Durante la sesión con los diputados informó que el 20 de julio del 2003, en asamblea ejidal, los señores Cosme Mares y Rubén Hernández Hass obtuvieron legalmente sus derechos ejidales.

Aclaró que posteriormente no hubo una compra-venta de los terrenos ejidales, sino una asignación parcelaria a cambio de una contraprestación económica, que presuntamente ascendió a 25 millones de pesos.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ana Lilia Guillén, aseguró que las irregularidades empezaron con esa Asamblea en donde los señores Mares y Hernández Hass adquirieron sus derechos ejidales.

Ana Lilia Guillén, diputada del PRD, dijo que “esa asamblea jamás se celebró en el Ticuiz, si existe esa acta del 20 de julio debe ser una acta apócrifa”.

El procurador agrario, Isaías Rivera, rechazó que la Reforma Agraria haya cedido a presiones de Los Pinos.

“Es categórica nuestra respuesta de que en ningún momento ha tenido una participación el ciudadano Presidente de la República o algún familiar vinculado con él, ni mucho menos desde luego que haya habido alguna instrucción específica para una intervención en este sentido, absolutamente falso”, explicó Isaías Rivera.

En entrevista, se le preguntó a la diputada del PRD, Ana Lilia Guillén, porque no dio a conocer las pruebas que anunció presentaría en esta reunión de trabajo.

“Hay irregularidades, la forma en que se llevó a cabo el proceso, las amenazas que recibieron las personas que en este momento no les puedo precisar hasta el día que presentemos el informe, me dan la pauta de que sí pudiera estarse dando este abuso de poder", dijo la diputada perredista.

Dijo que de comprobarse las irregularidades procederán judicialmente para exigir la nulidad de la adquisición de la Bahía el Tamarindillo.

La próxima semana se entregará el informe de la Comisión.